Jorge Zabalza

Impunidad 2009

SURda

"Votar rosado no pone fin a sus delirios golpistas, es cierto, pero, por lo menos prepara conciencias, va sembrando los gérmenes de ese poder que, como en Honduras, hace erguir la resistencia de los pueblos. Si los progresistas fueran un poquito astutos, se preocuparían más los “infantilismos de derecha” que por los de izquierda y empezarían a tomar medidas previendo las aventuras tipo los “carapintadas” de fines de los ochenta. Mas les vale poner sus barbas en remojo, por lo menos aquellos que las tengan, hay muchas honduras donde pueden caer. Se puede pensar que tiene algo de suicida ese notorio olvido de las cuestiones del terrorismo, la impunidad y la “rosada”."

 

Qué es eso de la rosada, preguntó la vecina a Veronika. Nadie sabe nada, dijo. Hubo necesidad de informarle que el color rosado de la papeleta está asociado con la lucha contra impunidad y por la anulación de la ley de caducidad. El desconocimiento por falta de información es un hecho evidente y tremendo que salta a la vista. A menos de dos meses del 25 de octubre en la campaña electoral casi no se habla del tema. Ni siquiera el acto del lanzamiento en el Paraninfo tuvo mucha repercusión política y mediática. Como los candidatos no lo mencionan ni por casualidad, el SI no está en las portadas de los diarios ni de los informativos de televisión. Al parecer no está ni en el programa de gobierno ni en el proyecto de Uruguay 2020. Además, es franciscana la pobreza en la Comisión Nacional, no hay papeletas para repartir puerta a puerta o en las ferias barriales, no hay affiches pegados ni muros pintados, menos aún balconeras y pasacalles. Ni hablar de publicidad en los grandes medios.

Preocupados, hablamos a un compañero del “Movimiento de Vecinos del Cerro”, la referencia más o menos organizada desde que comenzó la recolección de firmas en el barrio. Nos invitaron a juntarnos un sábado con gente de todo Montevideo que compartía la preocupación. Asistieron también algunos del interior. Como buenos uruguayos nos fuimos por las ramas antes de acordar nada práctico. Pensamos que el plebiscito es un buen recurso para golpear la impunidad, pero quedó bien claro que ninguno de los presentes creemos que anular la ley vaya a terminar con ella. Tampoco piensa nadie que, por anularla, esta democracia liberal se haga más democrática y menos burguesa. Hemos aprendido mucho en carne propia, gobierne quien gobierne, el Estado no es imparcial, en última instancia siempre toma partido por los dueños del Uruguay ... y es notorio que ocurre lo mismo en toda América La Pobre. Al parecer, el terrorismo no fue una política reservada a monstruitos malvados como Pinochet, Videla, Garrastazú Médici o el Goyo Álvarez...ahora las violaciones a los derechos humanos están “democratizadas”, si así puede decirse, a las que se realizan bajo gobiernos democráticos, progresistas y socialistas.

En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet reprime, encarcela y asesina mapuches con la tan poco socialista finalidad de arrebatarles sus tierras comunitarias. Lo mismos ocurre en el Perú del “demócrata” Alan García. En el Paraguay del “apostólico” Fernando Lugo, consecuente reproductor de la raza humana, el ejército reprime y asesina familias de campesinos que reclaman tierra para trabajar. En el Brasil del “obrero metalúrgico” Da Silva, los latifundistas y sus policías privadas tienen permiso para desalojar armas en mano los campamentos de los “sem terra” y asesinar militantes. En México, que históricamente ha disfrutado la fortuna de ser lindero de la nación más criminal del mundo, el terrorismo de Estado pasea alegremente por Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los ejércitos latinoamericanos a la orden de gobiernos progresistas, invaden y reprimen la sufrida Haití para “democratizar” forzosamente a un pueblo hermano. Y en la Colombia, de bushiano Uribe, directamente intervenida por las fuerzas armadas estadounidenses (plan Colombia, bases yanquis), nada vale la vida de los militantes sindicales, gremiales o barriales, el asesinato político es el pan de todos los días. Quinientos años hace que América La Pobre está condenada a sentir por sus venas abiertas el flujo del terrorismo de los poderosos.

Dando cumplimiento a una ley inconstitucional, el presidente permitió que el poder judicial juzgue media docena de criminales cívico militares. Además, se entró a excavar en los cuarteles, encontrando dos cadáveres de desaparecidos forzosos. Estos dos hechos son suficientes para que muchos distraídos vean que la vida es color rosa y sientan que “Uruguay es una excepción en América La Pobre”, que el gobierno de Tabaré es respetuoso de los derechos humanos y seguramente también lo será el próximo gobierno progresista, el de Astori-Mujica (sic). Pasan por alto algunos hechos, no tan pequeños, que huelen a impunidad desde lejos: los delincuentes cumpliendo sus penas en una cárcel cinco estrellas, uno de ellos lo hace en su residencia del señorial barrio de Carrasco, y el otro continúa conspirando con sus cómplices, mientras pasea sus reales por los boliches de Livramento. Por un costado de la consciencia también pasa desapercibido que “sus” parlamentarios, olvidadizos de su compromiso histórico, refrendan de hecho la impunidad 2009, aún después que el Congreso del Frente Amplio se pronunció por la anulación de la ley de caducidad. La amnesia es tan aguda que permite a 350 terroristas de Estado caminar lo más panchos por las calles, sembrando inseguridad y usufurctuando del olvido que es casi un perdón. Ni hablar del silencio parlamentario que rodea a los policías impunes del caso de los asesinatos de Morroni y Facal en Jacinto Vera... tanto recordar otros desastres del gobierno de Lacalle y nadie se acuerda del ministro Ángel Gianola y sus órdenes criminales de reprimir una manifestación pacífica.

Tres perlas del collar de la impunidad: A) Los “servicios” ya no espían, torturan o persiguen comunistas y tupamaros, al menos a los que ocupan algún cargo en el gobierno, sin embargo sometieron a Tota Quinteros a una vigilancia que duró hasta el día de su muerte .. y a quién sabe cuántos más todavía espían esos “inteligentes” que disfrutan de total independencia de quién gobierne; B) por otra parte, el terrorismo cívico militar permanece ideológicamente vivo en los discursos de los “batllistas” como Sanguinetti o García Pintos, quienes defienden a rajatabla la impunidad de los militares. En aras de la amplitud y tolerancia que caracterizan la nueva cultura política frenteamplista, nadie les para el carro en el parlamento; y C) se confía ciegamente en los nuevos oficiales, aunque hayan salido de una escuela militar que les enseñó cien formas de justificar los “excesos” en los interrogatorios o en los allanamientos y se burlen en los casinos de los ministros progresistas de defensa.

Impulsado por el espíritu progresista, el parlamento aprobó la “ley de humanización de las cárceles”, prácticamente al comenzar su gestión en el 2005. Aparentemente la ley no fue muy efectiva porque cuatro años más tarde, una inspección de las Naciones Unidas reveló que el sistema carcelario uruguayo violaba descaradamente los derechos humanos. Presto reaccionó Tabaré y ordenó resolver en quince días los problemas de infraestructura que determinaron esa condena... aparentemente no le dieron mucha pelota, a tres meses de su perentoria orden, en otro flagrante caso de violación de los derechos humanos, murieron cinco presos sociales en el principal establecimiento penintenciario. Sucedáneo del “batllismo” del siglo XX, que hipócritamente supo combinar represión muy severa con amortiguación política de conflicto sociales, el gobierno progresista continúa esa tradición política uruguaya de duplicidad, haciendo un discurso sobre derechos humanos mientras los viola sin piedad en los “hogares” para menores infractores, las cárceles y las comisarías de Montevideo.

Mientras las ganancias van viento en popa la dominación transcurre por vías pacíficas, alcanza con las elecciones y el discurso engañapichanga, el parlamento y la conciliación de pasillos, el circo en los medios masivos, la coerción policial, la amenaza disuasiva de la violencia armada de los cuarteles, la represión selectiva sobre los sectores más combativos (“mucho palo pa'que aprendas”). Pero el capitalismo está llegando a una fase donde no le interesa producir consumidores, hay pueblos enteros de desocupados endémicos, que ya no son ni siquiera una reserva de fuerza de trabajo, que viven fuera, totalmente fuera, del proceso productivo capitalista, imposibles ya de incluir en el sistema. Las crisis del capitalismo covocan a los gorilones para que hagan sus monstruosidades, desencadenando la fuerza militar del terrorismo, torturas masivas, operaciones paramilitares o parapoliciales, asesinatos y desapariciones forzosas. Es una constante histórica.

Desde Arbenz a los movimientos guerrilleros en Salvador, Nicaragua y Guatemala, pasando por el episodio Torrijos en Panamá, la historia de los centroamericanos fue muy agitada. Todo el siglo XX. Durante ella el pueblo hondureño no apareció en los titulares de prensa. Sí aparecía su clase dominante, fiel subordinada del imperio, haciendo de su patria un santuario de la guerra contrarrevolucionaria. La pasividad general de los hondureños podía interpretarse como mudo consentimiento con el rol de cipayos, hasta que, en un “redepente”, dijera Juceca, los gorilones dieron un golpe de novela bondiana, al mejor estilo de lo ya ensayado en Haití, el primero en el marco de la supercrisis. El pueblo hondureño sacudió su modorra tradicional y está obligando a la actitud digna y firme del depuesto presidente, que a pesar del peligro que corre al despertar los demonios, ahora convoca a insurreccionarse en defensa de la “institucionalidad democrática”. El mensaje de Honduras es de aliento, no hay pueblo que duerma cien años, dice, hasta el más perezoso termina despertando y parándose de punta frente a quienes lo dominan. Las “inteligencias” pentagonales del terrorismo latinoamericano deben estar tomando nota.

Pero el mensaje de Honduras es además de alerta. Los que no duermen son los terroristas de estado cívicos y militares. Escondidos en los recovecos de los ejércitos, la policía y el poder judicial, lamen sus heridas y enjugan lágrimas, lloran porque sus amos los abandonaron, pero se mantienen organizados como en Chile, Argentina y Uruguay, sus desplantes tienen eco en la prensa de los beneficiarios de los crímenes que cometieron los “condoritos”, cada año homenajean a sus caídos y, cuchillo entre los dientes, esperan y esperan, impacientes, la orden del comando sur. Tampoco necesitan orden explícita, les basta una mínima señal de consentimiento, o una guiñada cómplice, para pasar de las conspiraciones a la acción directa. Votar rosado no pone fin a sus delirios golpistas, es cierto, pero, por lo menos prepara conciencias, va sembrando los gérmenes de ese poder que, como en Honduras, hace erguir la resistencia de los pueblos. Si los progresistas fueran un poquito astutos, se preocuparían más los “infantilismos de derecha” que por los de izquierda y empezarían a tomar medidas previendo las aventuras tipo los “carapintadas” de fines de los ochenta. Mas les vale poner sus barbas en remojo, por lo menos aquellos que las tengan, hay muchas honduras donde pueden caer. Se puede pensar que tiene algo de suicida ese notorio olvido de las cuestiones del terrorismo, la impunidad y la “rosada”.

Para Pedro y los suyos, la ley de caducidad es algo así como una “cláusula de paz” más, que fue intercalada en el convenio colectivo firmado en el Club Naval, cuyo contenido sólo puede ser objeto de sospechas, por lo menos por ahora, mientras el gobierno de los EEUU no haya desclasificado los documentos secretos que dejarán regalados a Seregni y los demás firmantes del pacto. Pedro es parte de la impunidad, Pedro es candidato del partido responsable de los mayores agravios a la humanidad cometidos en el Cono Sur. Para sus votantes, el ejercicio del terrorismo desde el Estado ha sido, es y será un recurso necesario para pacificar las multitudes de lomo hinchado. De Pedro, pues, no se puede esperar un discurso contra la impunidad.

Ignacio De Posadas, ministro de Lacalle fue un fiel continuador de las mismas políticas económicas que aplicaron Jorge Peirano Facio, ministro de Pacheco, y Vegh Villegas, ministro cívico militar. Idénticas políticas, idéntico sujeto social beneficiado, el mismo hambre y la misma miseria sembrada durante sus respectivos mandatos. Apenas fueron diferentes las circunstancias en que cada uno de ellos ejerció el poder que les confirieron los dueños del Uruguay y sus mandantes transnacionales. Para Lacalle y los suyos es cuestión de elemental lógica conservar la impunidad de los militares, pues en el fondo, su concepción de sociedad no tiene grandes diferencias con la que impulsó los crímenes del terrorismo de Estado. Del silencio de Lacalle, pues, tampoco cabe extrañarse.

Blancos y colorados no pondrán sobre la mesa la cuestión, no hablarán de las relaciones entre los crímenes y el proceso económico y social del Uruguay, ni de los porqué del golpe terrorista de 1973 dado por Bordaberry en complicidad con Aguerrondo (blanco) y los mandos del ejército. No les sirve (menos todavía a Pedro). Tampoco los grandes medios de comunicación se harán cargo de poner la anulación de la ley de caducidad en los titulares de los informativos. Ellos mismos impunes del delito de complicidad con el terrorismo de Estado, son los candidatos de la impunidad.

La responsabilidad recae en manos de quienes tenemos deudas de sangre con las víctimas del terrorismo, principalmente de aquellos que, por haber sido elegidos para candidatos frenteamplistas, debieran tener la causa en su memoria y las decenas de desaparecidos y asesinados picaneando su conciencia. Por lo menos, relean el poema de Cardenal...en cada acto, en cada discurso, en cada programa de televisión.

Jorge Zabalza